El proyecto «Conservación y gobernanza de ecosistemas y la biodiversidad» que hace parte de la Subdirección de ecosistemas y Gestión Ambiental, tiene como objetivo diseñar e implementar acciones que fortalezcan la administración y conservación de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, a partir de la planificación participativa, la conformación de nuevas áreas protegidas municipales, privadas y otras estrategias complementarias de conservación. Esto se realizará a través de modelos de gobernanza con enfoque diferencial, procesos de investigación-acción-participativa y el fortalecimiento de alianzas en torno a la gestión de la biodiversidad, así como esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que permitan el fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal (EEP), aportando al mantenimiento de los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad, buscando avanzar en el cumplimiento de los objetivos de conservación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto al Pago por Servicios Ambientales (PSA), define: “Es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa, por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales.” Por lo tanto, es un instrumento económico que busca asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos, mediante aportes directos y condicionados a los habitantes de ecosistemas estratégicos en el marco de proyectos de conservación.
El Decreto Ley 870 de 2017 tiene como objetivo establecer las directrices para el desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración. En este sentido, el PSA se consolida como una herramienta clave para incentivar la conservación desde la comunidad, además de ser una estrategia integral que promueve soluciones basadas en la naturaleza, el uso eficiente y ahorro del agua, la seguridad alimentaria, la agroecología, la producción más limpia y, en última instancia, contribuye a mejorar el bienestar y el futuro de las familias que habitan en los territorios de nuestra jurisdicción.